Más allá de la austeridad: por una reforma sensata de la educación pública

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INTEF
Las políticas de austeridad en la última crisis económica mundial no hicieron bien a la maltrecha educación pública española. Y ya es hora de reformarla.

Parecía inevitable, en el contexto en que nos encontrábamos no hace tanto en España, hablar un día sí y otro también de recortes, deudas, agencias de calificación… Hablar de escasez, a fin de cuentas. Sin entrar en el tema principal (el del origen y los beneficiarios de una crisis que drenaba recursos públicos en forma de exagerados tipos de interés, aportaciones a la recapitalización del sistema bancario, prestaciones para el creciente ejército de desempleados…), cada mañana desayunábamos con las protestas y peleas que se siguen de toda situación precaria; es la lucha por los recursos escasos.

Hay dos servicios básicos que el Estado presta a los ciudadanos y llevan mucho tiempo en el punto de mira de los poderes económicos, ya que representan un suculento volumen de negocio potencial que, de momento, escapa en gran parte a su control: la Sanidad y la Enseñanza. Escapan a su control porque la presencia de empresas privadas en la prestación de dichos servicios es relativamente pequeña en muchos países. Aquí, en España, la parte de estos servicios que todavía presta el Estado es grande; de ahí que, cuando se plantea la necesidad de una disminución del gasto público, sean objetivo de primer orden. No obstante, parece más bien que la crisis fuese una ocasión para llevar adelante políticas previamente decididas, pero nunca explicitadas: la privatización de estos servicios y su puesta en almoneda. Esto es, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, profundizamos en el desmantelamiento de la Sanidad y la Enseñanza públicas.

… con personas mejor formadas. Y, por supuesto, con ciudadanos informados, menos permeables a la pura propaganda y más exigentes con sus primeros empleados: los que se ocupan del gobierno. Tal vez esta última posibilidad inquietante sea el motivo por el que no hay ninguna voluntad de afrontar este reto vital.

La Organización Mundial del Comercio se reunió en Montevideo el año 1995. Los países participantes suscribieron el Acuerdo General del Comercio de Servicios. El proceso allí puesto en marcha se sustanció rápidamente en la creación de “grupos de trabajo” dispuestos a facilitar la implementación de lo acordado en Montevideo: la liberalización de los intercambios de servicios, tal y como antes había ocurrido con los intercambios de mercancías. La enseñanza, por supuesto, forma parte de esos mercados a liberalizar. La propia OMC señala los obstáculos que hay que superar para ello: “Medidas que limitan la inversión directa por proveedores extranjeros de servicios en materia de educación o la existencia de monopolios gubernamentales y de establecimientos subvencionados en gran medida por el Estado”. Parece claro que el futuro, ya firmado por nuestros gobiernos pero nunca declarado explícitamente al ciudadano, pasa por un progresivo abandono por parte del Estado de los servicios de enseñanza que son, a partir de ahora, considerados como una parte más del mercado y valorados en función de su aportación al PIB del país.

Todo el argumentario con el que los diversos gobiernos autonómicos intentaban justificar los recortes en enseñanza huelen al final a pura demagogia. Realmente no hay nada más caro que algo que no funciona. Y, en España, el sistema educativo no funciona se analicen los parámetros que se analicen. Desde la reforma iniciada con la LOGSE y parcheada e incluso empeorada por la LOCE y la LOE, en medio de un lío tremendo de modificaciones normativas, instrucciones contradictorias, planes especiales, etcétera, nos encontramos en una situación penosa. Los niveles de abandono prematuro del sistema son de los más altos de Europa y la tasa de población con, al menos, el título básico se encuentra entre las más bajas. Esto en cuanto a los números. La realidad cotidiana es todavía más triste, ya que las exigencias intelectuales son ínfimas y la formación efectiva de nuestros titulados suscita más dudas que otra cosa.

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Javier

Por eso, y no por ningún otro motivo, deberían iniciarse reformas de modo urgente. Pero reformas dirigidas a mejorar la formación de nuestros alumnos, no como las que se tomaron, que servirían de ahorro pero también empeoraron la realidad paupérrima de nuestro sistema y amenazaban con ser muy caras a medio y largo plazo. No son reformas fáciles, ya que implican cambios, desde la preparación del profesorado en las escuelas de Magisterio hasta la puesta en marcha de una transformación en profundidad que implique a la agonizante enseñanza media y a la siempre polémica formación profesional tanto como a la universidad. Una universidad que siempre está a tiempo de descartar los cambios aberrantes que se implementaron con la aplicación a la española de los acuerdos de Bolonia.

Es ya un tópico afirmar que, para un país, la mejor inversión es un buen sistema de enseñanza. Con los mismos recursos, o incluso menos, se podrían lograr resultados mucho mejores y contar con personas mejor formadas. Y, por supuesto, con ciudadanos informados, menos permeables a la pura propaganda y más exigentes con sus primeros empleados: los que se ocupan del gobierno. Tal vez esta última posibilidad inquietante sea el motivo por el que no hay ninguna voluntad de afrontar este reto vital. Pero ¿cómo? ¿Va a resultar al final que la culpa de todo no la tienen los funcionarios? ¿Que no hay demasiadas vacaciones en los colegios y en los institutos? Debo de estar delirando.

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